I. LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.
El Gobierno del estado Zulia, debe actualizar la Constitución Federal e incorporar los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas, basados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en vigencia desde 1999, y la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
II. EL MEJORAMIENTO SOCIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA REGIÓN ZULIANA.
La mayoría de la población indígena del estado Zulia, vive en condiciones de extrema pobreza, miseria, desventaja, exclusión social y discriminación, en una situación en la que se vislumbra una carencia en el ejercicio de sus derechos sociales, políticos y económicos; reportando índices de baja calidad de vida, altos índices de morbilidad y mortalidad infantil, y un escaso acceso a servicios públicos básicos y fundamentales. El ejercicio del derecho a la diferencia pluricultural es incompatible con los actuales niveles de desigualdad social que padece esta población. Para lograr una creciente equidad en la diversidad se proponen los siguientes objetivos y acciones básicas:
En materia de salud:
Ø Lograr acceso y un mejor servicio para la población indígena a través de la creación, remodelamiento y dotación de los centros médicos asistenciales situados en las regiones fronterizas, rurales, aldeas, caseríos y barrios de la población indígena.
Ø Incorporar dentro del sistema de salud regional y local, los conocimientos, saberes y prácticas terapéuticas indígenas.
Ø Garantizar que, por diversos procedimientos, los 350.000 indígenas residentes e itinerantes en el estado Zulia, cuenten con acceso a los servicios de salud pública, obligatoria y gratuita.
En materia de vivienda:
Ø Garantizar acceso en condiciones de equidad a la población indígena para programas de etnovivienda productiva en sus lugares de asentamiento ancestral en las zonas, fronteriza, rural, costera y urbana.
Ø Impulsar un programa emergente de vivienda para la población indígena que reside en ranchos o albergues de alto riesgo, ubicadas en las orillas de los principales ríos de la región, y de los barrios de mayor concentración de la población indígena.
En materia de desarrollo económico:
Ø Programa de capacitación para el trabajo artesanal, por vías formales y no formales.
Ø Programa de regularización de la producción, comercialización, exportación y venta de artesanías y demás productos de subsistencia.
Ø Programa de desarrollo de la pesca artesanal, de transporte público indígena, comercio informal, granjas agropecuarias, embalses, caminos carreteros, puertos pesqueros, centros de acopio, etcétera.
Ø Impulsar la formación de cooperativas indígenas, para las diferentes actividades artesanales y no artesanales de la población.
Ø Impulsar etnoproyectos que promuevan valor agregado cultural a los productos de origen indígena.
Ø Producción de alto valor agregado y retribución por bienes y servicios ambientales para pueblos originarios.
Ø Construcción de etnomercados, de acuerdo con la idiosincrasia y modo de diversificación de sus economías.
En materia de registro civil.
Ø Abatir el rezago registral para la población indígena, con indicación de los nombres y apellidos indígenas elegidos por ellos.
En materia penitenciaria.
Ø Solicitar los diferentes beneficios procesales de la población indígena, recluida en los centros penitenciarios; por violación al debido proceso, violación del sistema de defensa y desconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena, por parte de los órganos encargados de la Administración de Justicia. Promocionar una Ley de Amnistía Indígena para los reclusos y reclusas indígenas en los diferentes centros penitenciarios del estado Zulia.
En materia de educación.
Ø Dotar de becas escolares a niñas y niños indígenas en riesgo de deserción.
Ø Perspectiva intercultural en guarderías y centros maternos infantiles.
Ø Sensibilización y capacitación en la Secretaria de Educación Rural e Indígena en la perspectiva de la Educación Intercultural y Bilingüe.
Ø Garantizar la asistencia a los servicios educativos básicos, obligatorios y gratuitos para la población indígena infantil.
Ø Combatir el índice de reprobación y deserción escolar.
Ø Creación de Escuelas Granjas Artesanales, en la región fronteriza.
III. LA GOBERNABILIDAD INDÍGENA.
Paralelamente al logro de la ampliación de la cobertura y acceso a los servicios para la población indígena, se requiere de un proceso de transformación de las instituciones y los servicios en función de promocionar la particularidad indígena y la diversidad etnocultural, además de combatir en los funcionarios públicos y la empresa privada, toda forma de discriminación o estigmatización de la población indígena. En particular, será necesario enfatizar los procesos de sensibilización y capacitación en tres áreas. Salud, educación y defensa integral.
Salud:
Ø Sensibilización al personal de los diferentes de centros de salud: clínicas, hospitales, ambulatorios, dispensarios y unidades móviles sobre la cosmovisión indígena, para lograr un trato respetuoso con dignidad a su identidad cultural y derechos originarios.
Ø Capacitación al personal médico y paramédico de la salud para su interrelación con la población indígena, en materia de la praxis médica indígena y la ciencia médica occidental.
Ø Sensibilización del personal médico y paramédico sobre la riqueza terapéutica de las prácticas médicas y saberes indígenas.
Educación:
Ø Sensibilización al personal docente de las escuelas en las zonas de mayor presencia indígena, sobre la diversidad cultural, la filosofía y los derechos originarios de los pueblos indígenas;
Ø Campañas permanentes contra la discriminación y la estigmatización en los diferentes centros de educación: básica, media, diversificada, técnica y universitaria.
Ø Elaboración de materiales de apoyo didáctico a maestros indígenas y no indígenas sobre la diversidad cultural e interculturalidad y rescate de los idiomas indígenas.
Seguridad y defensa integral:
Ø Capacitar y sensibilizar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, las Policías: Nacional, Regional y Municipal; Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunales, y demás órganos de Administración de Justicia, sobre el reconocimiento en la Constitución Bolivariana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Ø El reconocimiento de la administración de justicia, por parte de los Estados Fronterizos, entre los diferentes pueblos indígenas, considerando la cosmovisión de su tradición ancestral, la validez de sus códigos orales en la solución de sus problemas internos y la doble nacionalidad de los pueblos indígenas fronterizos.
Ø Evitar la catequización, forzosa, compulsiva y temeraria de cualquier secta religiosa en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas.
Ø No tratarlos como contrabandistas, narcotraficantes y jefes de mafias en las fronteras; combatir cualquier forma de explotación laboral o aprovechamiento cultural.
IV. PROMOCIÓN DE POLÍTICA INDÍGENA.-
Para materializar el ejercicio de los derechos indígenas, no basta con el mero reconocimiento jurídico de los mismos, es necesario crear instrumentos y mecanismos que garanticen su aplicabilidad y accesibilidad de tales derechos a la población indígena. Asimismo, dado el bajo ejercicio de estos derechos, la formulación de una política indígena activa de promoción de esos derechos para su aplicación y ejercicio.
V. DEMARCACION TERRITORIAL Y EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES.
Ø La principal demanda de los pueblos indígenas, es la garantía de la integridad de su territorio, como espacio de reproducción de su cultura ancestral, la conservación de los recursos naturales de su hábitat y la supervivencia del patrimonio cultural.
Ø Impulsar un desarrollo sustentable autogestivo en las unidades económicas productivas de los pueblos indígenas.
Ø Demarcación del hábitat y la reglamentación de los ABRAES.
Ø Promover la aplicación de la normativa, en materia ambiental, la participación y consulta en la explotación de los recursos naturales, ordenamiento territorial y el uso, goce y disfrute del suelo y aguas en los territorios indígenas del estado Zulia.
VI. CORRESPONSABILIDAD SOCIAL INDÍGENA.
El impulso de la política pública en materia indígena, requiere como complemento de la acción del gobierno, las más variadas formas de participación de los propios pueblos indígenas, en el diseño, monitoreo, ejecución y evaluación de dichas políticas públicas. Por ello el Gobierno, en el marco del programa de los Consejos Regionales de Planificación de Estrategias de Políticas Públicas, destinados a apoyar las iniciativas sociales, promoverá y apoyará con particular interés aquellas aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas, tanto en su hábitat territorial y no territorial, así como de sus organizaciones civiles y sociales. Los proyectos que deberán ser apoyados, estarán dirigidos fundamentalmente al sector comunitario: etnovivienda, pequeña y mediana industria, centros de salud, mercados indígenas, transporte colectivo indígena, promoción cultural, administración de justicia indígena, defensa integral de la frontera, identidad y autonomía en sus territorios ancestrales, educación intercultural bilingüe y participación política y protagónica en el destino de la Nación y de sus pueblos.
Desarrollar entre los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, una cultura de corresponsabilidad social en las políticas públicas que les corresponde ejecutar, con el apoyo del gobierno nacional, regional y local.
VII. CONVIVENCIA PLURICULTURAL.
Ø El reconocimiento de lo que representa la diversidad cultural de la población indígena del estado Zulia, compete al conjunto de los habitantes. Por ello es fundamental que los zulianos, asuman esta composición pluricultural como un elemento constitutivo de la región y por ende, desarrollar entre todas y todos, nuevas formas de convivencia intercultural, basadas en los principios de legitimidad de la diferencia, conocimiento mutuo, respeto, humanidad y el libre ejercicio de los derechos de los otros.
Ø Difusión permanente de las manifestaciones de la naturaleza pluricultural de la región, y en particular de la presencia indígena y de los afrodescendientes.
Ø Desarrollar las formas más variadas de la participación proactiva de los pueblos indígenas y los afrodescendientes.
Ø Fomento del uso público de los idiomas indígenas y promoción de su acceso a los medios de comunicación social, las cuales deberán estar contempladas en las leyes que rigen la materia.
Ø Construcción permanente del diálogo intercultural bilingüe.
Ø Creación de emisoras radiales indígenas, espacios de opinión indígena, órganos de divulgación masiva y programas televisivos indígenas.
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